Las líneas propuestas por el órgano supervisor europeo están destinadas a promover «una utilización responsable de la videovigilancia, así como la puesta en marcha de garantías eficaces» para la protección de la intimidad, según explica el EDPS en un comunicado.
Las directrices incluyen principios para evaluar la necesidad de recurrir a este tipo de vigilancia, y orientaciones sobre la forma de «minimizar el impacto sobre la vida privada y otros derechos fundamentales».
Las medidas, basadas en las consultas llevadas a cabo por el organismo encargado de la protección de datos en la UE, deberán ser aplicadas por las instituciones y órganos comunitarios antes del 1 de enero de 2011.
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