El anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, sobre el que actualmente trabaja el Gobierno, atribuye a la Agencia Estatal, dirigida por Artemi Rallo, la competencia para decidir sobre si son procedentes o no lo son las negativas de los órganos de la Administración a facilitar los datos o documentos que les han solicitado los ciudadanos.
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) será la encargada de vigilar a las Administraciones Públicas y de la protección del derecho de acceso de los ciudadanos a la información oficial, según regula el anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Ciudadanos, que será aprobado antes de que termine el año y enviado a los órganos consultivos (Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, etc.).
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