La Agencia Española de Protección de Datos tiene a los sistemas de videovigilancia en el punto de mira. La moda de colocar microcámaras para controlar a empleados o disuadir a los rateros, cada vez más extendida entre comunidades de vecinos, comercios y hoteles, multiplica el número de sanciones por violar la intimidad de los ciudadanos. Esto se debe, más que al propio gesto de grabar, a la falta de adaptación a la normativa. Expertos en la materia auguran una lluvia de sanciones por la ausencia de asesoramiento correcto en este campo, ya que la Agencia está incrementando su actividad sancionadora de forma exponencial en los últimos años.
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