La futura Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que entrará en vigor en los próximos días, no requerirá el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos en las informaciones sobre los movimientos sospechosos de capitales a la Comisión de Prevención del Blanqueo o las comunicaciones entre entidades financieras del mismo grupo, lo que genera inseguridad jurídica a los obligados a informar.
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