El funcionario del Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa (Ourense) Alberto Vasallo López, lleva nueve años con una cámara de vídeo sobre su nuca. Desde su despacho, el alcalde puede controlar sus movimientos durante la jornada laboral. Lo ha hecho hasta ahora, en que una resolución de la Agencia de Protección de Datos le obliga a retirarla en el plazo de un mes, que se cumple en 10 días.
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La organización de consumidores FACUA ha pedido a Protección de Datos que investigue a Google por los problemas de privacidad en Android. La asociación recomienda a los afectados actualizar el teléfono con la última versión de este sistema operativo y apagar la sincronización automática en el menú de configuración cuando se conecten a redes Wi Fi. Ello se debe a una vulnerabilidad detectada por la que terceros pueden acceder a datos de carácter privado a través de una red Wi Fi abierta, como números de teléfono, fotografías e información del calendario. FACUA ha demandado a la AEPD que determine si Google ha vulnerado el «principio de seguridad de los datos», regulado en el artículo 9 de la Ley de Protección de Datos, por no contar con las suficientes medidas de seguridad. Este problema afecta al 99,7% de los usuarios de Android según un estudio de la Universidad de Ulm, en Alemania.
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Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, también conocido como Día de Internet, la Agencia Española de Protección de Datos, ha hecho un llamamiento a los responsables de las empresas y organizaciones que prestan servicios a través de la Red para que adopten medidas urgentes de mejora de sus políticas de privacidad y una diligencia mayor en la implantación de medidas de seguridad de los datos de sus usuarios.
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Sobre la una de la tarde de ayer, un camión entró en el Canal de los Presos de Sevilla y abandonó en el campo cientos de currículos con datos personales —teléfonos móviles, direcciones, estudios, experiencia profesional y fotos— de demandantes de empleo, así como otros documentos y cajas de cartón en los que figura el membrete de la multinacional de restauración Receco, propietaria de cinco cafeterías y bares en la estación de Santa Justa. Tras la denuncia de testigos oculares, la Policía Nacional se presentó en el lugar de los hechos y recabó datos para abrir una investigación.
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha comunicado al sindicato que ha iniciado un procedimiento por infracción contra el Ayuntamiento de Inca y el hospital comarcal por la supuesta filtración de datos personales de pacientes, que fueron usados para visitas de cortesía de corte electoral.
Según un comunicado de la Federació de Serveis Públics (FSP) del sindicato, la AEPD ha iniciado un «procedimiento de declaración de infracción de Administraciones Públicas», por la supuesta filtración de los nombres y localidades de residencia de varios pacientes del Hospital Comarcal de Inca que luego recibieron visitas de cortesía de concejales del PP.
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Los continuos fallos de seguridad de las grandes compañías de internet conocidos en los últimos meses dejarían de ser llamativos si no fueran tan escandalosos. La empresa especializada en seguridad informática Symantec informó ayer de un fallo en más de 100.000 aplicaciones de Face-book creadas por empresas externas. Este agujero de seguridad podría haber facilitado el acceso a información privada de los usuarios a anunciantes y empresas asociadas. Según Symantec, que reconoció ayer que continúa trabajando con Facebook para solucionar el fallo, «millones de usuarios» podrían haberse visto afectados.
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La resolución de la Agencia Catalana de Protección de Datos (ACPD) señala que el Ayuntamiento de Cunit infringió la Ley de Protección de Datos (LPD) al entregar documentación privada de vecinos a la empresa La Auxiliar Recaudadora para hacer los trabajos previos de la revisión catastral.
La LPD determina que esa documentación sólo puede entregarse si la administración hace contrato a la empresa que la habilite específicamente para tratar con esos datos, algo que no hizo el Ayuntamiento.
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El procedimiento sancionador fue instruido por la Agencia Española de Protección de Datos, tras la denuncia presentada por el asesor jurídico del ayuntamiento de Ponteareas, Carlos Potel Alvarellos y el propio Concello.
Los hechos se remontan a junio de 2008 y la denuncia se interpuso contra la Confederación Intersindical Galega,CIG, ‘por haber hecho públicos en sus boletines informativos, datos sobre la situación laboral de los trabajadores municipales y desvelado datos personales de determinados funcionarios y trabajadores del Concello sin consentimiento’, entre ellos los del denunciante, Potel Alvarellos.
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Tras varias semanas de noticias sobre el lío montado con Sony, PSN y los hackers, al final parece que una organización en España se va a encargar de velar por los casi tres millones de cuentas que se han visto comprometidas. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) va a abrir una investigación a Sony para saber si ha vulnerado la legislación española, tal y como publica el periódico Expansión en su edición de hoy.
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La Policía Local ourensana tramitó en los últimos cuatro años 41 expedientes contra empresas e instituciones por vulnerar la Ley de Protección de Datos. No obstante, no todos ellos afectaron a la provincia, dado que el programa informático que tienen en la Jefatura de A Ponte les permitió rastrear descargas irregulares de datos personales de los ficheros de los servicios de salud canario y cántabro, de los archivos de Telefónica, de varios centros médicos de todo el territorio nacional e incluso de clínicas veterinarias.
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