De la denuncia presentada en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com en mayo de 2008, informando de la ausencia de distintivos que informen de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del Palacio de la Aduana de Málaga, se ha derivado un expediente por el que la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga se enfrenta a una sanción de hasta 300.000 euros por una infracción grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
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