Obtener datos personales de cualquier ciudadano resulta actualmente muy sencillo. Previo pago de 210 euros cualquiera puede acceder a un archivo privado que tiene datos personales de 36 millones de personas residentes en España obtenidos sin su consentimiento del censo electoral y del padrón de municipios. Este archivo, que consta de una orden de inmovilización por parte de la Agencia Española de Protección de Datos así como 3,5 millones de euros en sanciones, resulta muy útil, por ejemplo, para las empresas que se dedican al cobro de deudas, y más ahora cuando la crisis ha disparado la morosidad.
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